Santo Domingo.– El Ministerio Público solicitará penas de entre cinco y veinte años de prisión contra el mayor general Adán Cáceres Silvestre, exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), y otros altos oficiales militares, civiles y empresarios, acusados de encabezar un presunto entramado de corrupción administrativa que habría defraudado al Estado dominicano con más de RD$4,500 millones.
La acusación, conocida en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, también incluye a 18 empresas que podrían enfrentar sanciones administrativas por su presunta vinculación con el esquema fraudulento.
Entre los principales imputados figuran los generales Julio Camilo de los Santos Viola y Boanerges Reyes Batista; el coronel Franklin Mata Flores; Raúl Alejandro Girón Jiménez, Rafael Núñez de Aza, Asdrúbal Pimentel y Juan Carlos Torres Robiou, exdirector del CESTUR; así como la pastora Rossy Guzmán y su hijo Tanner Flete Guzmán.
Durante la audiencia, la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, explicó que la solicitud de las penas responde a la gravedad de los hechos imputados y al grado de participación individual de cada acusado, reiterando que el Ministerio Público mantiene la fortaleza de las pruebas presentadas.
No obstante, la defensa de los imputados sostuvo que el órgano acusador no logró demostrar la existencia de lavado de activos ni la apropiación de fondos públicos, señalando supuestas inconsistencias en la valoración de bienes y en las cifras manejadas durante el proceso. Por ello, anunciaron que solicitarán la absolución y la libertad de sus representados.
Con la conclusión de la etapa de presentación de conclusiones y solicitud de penas por parte del Ministerio Público, el proceso entra ahora en la fase en la que la defensa intentará desmontar la acusación ante el tribunal.
