El movimiento civil organizado de personas en situación de capacidad, remitió una carta al presidente Luis Abinader, mediante la cual externa una serie de quejas y necesidades que según afirma, padece ese segmento poblacional.
A continuación, la comunicación íntegra:
Excelentísimo señor presidente, Luís Rodolfo Abinader Corona.
Su Despacho,
Luego de un cordial saludo, y con conocimiento de su receptividad y sensibilidad, el movimiento civil organizado de personas en situación de discapacidad, se dirige a usted para presentarle un conjunto de necesidades de nuestro sector para lograr la Inclusión Social.
Las personas con discapacidad componemos en Quisqueya cerca de la sexta parte de la población, el 15%. Sin embargo, aunque ha habido algún avance, todavía persisten la marginación, la discriminación y la falta de accesibilidad universal, negándonos derechos y oportunidades.
En tal sentido, esperanzados y respetuosamente, le presentamos un conjunto de necesidades para cumplir las normas nacionales e internacionales por los derechos de las personas en situación de discapacidad, resumidas en 6 puntos:
1-Derecho a la Educación. Se precisan acciones e inversión para garantizar que las personas con discapacidad no sean privadas o limitadas en el derecho a educarse, siendo urgente medidas integrales que aseguren una Educación Inclusiva. Mucha gente hace peripecias para estudiar, pero los centros educativos no son accesibles, ni tienen dispositivos de apoyo, los profesores no tienen las herramientas y en otros casos, la disposición de facilitar la educación a gente con discapacidad.
2-Transporte Accesible. La República Dominicana carece de accesibilidad en el transporte público y privado, pese al país haberse comprometido a dar pasos concretos para garantizar el traslado digno y seguro de la gente con discapacidad. Se continúan importando vehículos sin rampa, las opciones de accesibilidad en el Metro de Santo Domingo han sido descuidadas y en los nuevos corredores vehiculares el tema de la discapacidad no es tomado en cuenta.
3-Derecho al Trabajo. No obstante establecerlo la ley orgánica, 5-13, de que no menos del 5% en el sector público y el 2% en el sector privado de los empleados, deben de ser personas con discapacidad, esta disposición legal está muy lejos de cumplirse y no hay mecanismos que sancionen esa mala práctica, tampoco incentivos que premien cuando se cumple con la norma. Esta situación genera altas tasas de desempleo en el conglomerado. Al mismo tiempo, se precisa agilizar los procesos para el otorgamiento de Pensiones Solidarias, a personas que, por su condición de discapacidad severa, sin importar su edad, no pueden trabajar.
4-Derecho a la Vivienda. Contrario a lo que establece la ley 5-13, actualmente se están construyendo proyectos habitacionales y no se está apartando la cuota del 8% de dichos proyectos. Urge que el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones cumpla con la ley, incluyendo a las personas con discapacidad en sus ejecutorias.
5-Inversión y Atención a las Organizaciones de Personas con discapacidad. Es vital que el gobierno apoye la labor de las organizaciones representativas de la gente con discapacidad, respaldando sus proyectos y ejecutorias. Estas organizaciones llegan donde el gobierno no puede llegar. Actualmente las acciones del Centro de Fomento y Promoción de las Asociaciones Sin fines de Lucro y del Consejo Nacional de Discapacidad dan la impresión de que se quiere desaparecer a estas organizaciones, integradas por personas con discapacidad (que reciben muy pocos recursos), mientras se auspician las de servicio, que no son dirigidas por personas con discapacidad y que tienen gran apoyo económico del Estado. Cabe citar que un firme postulado de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, convención ratificada por nuestro país, es que ningún tema vinculado con la discapacidad se debe tratar al margen de los seres humanos que tienen esta condición.
6-Funcionamiento Eficaz del CONADIS. Es un imperativo categórico el funcionamiento óptimo del Consejo Nacional de Discapacidad, que tiene que operar como un verdadero órgano rector y colegiado, compuesto por gobierno y sociedad civil, que trace la pauta en temas de discapacidad en todos los estamentos del Estado, presentando logros tangibles para el sector. Fue penoso que dicho órgano estatal devolviera casi la mitad de los fondos asignados para el año 2022, pese a las enormes necesidades del conglomerado. Es urgente que el Poder Ejecutivo revista de la autoridad requerida al CONADIS, como lo establece la ley en la materia, para que este pueda sancionar funcionarios e instituciones públicas y privadas que incumplan las normas.
