SANTO DOMINGO.– El Tribunal Constitucional (TC) conoció este miércoles 23 acciones directas de inconstitucionalidad que abarcan temas de alto interés público, entre ellos el Código Penal, el régimen electoral, los derechos de las personas con discapacidad, la gestión de residuos sólidos, el medioambiente, el lavado de activos, la salud, el derecho laboral y la facturación electrónica.
La audiencia pública reunió expedientes dirigidos contra disposiciones contenidas en distintas leyes, así como contra actuaciones de órganos públicos, y volvió a colocar en el debate constitucional asuntos relacionados con el ejercicio de derechos fundamentales y la aplicación de normas que inciden en diferentes sectores de la sociedad.
La jornada contó además con condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad motora y auditiva. En este último caso, el Tribunal dispuso interpretación en lengua de señas para facilitar el seguimiento de las intervenciones.
Seis expedientes sobre materia electoral
Los asuntos relacionados con el régimen electoral concentraron la mayor cantidad de acciones conocidas durante la audiencia, con seis expedientes.
Entre estos figura el TC-01-2026-0024, presentado por Pedro Julio Abreu Columna; el TC-01-2026-0029, interpuesto por José Cristopher Ramírez; y el TC-01-2026-0038, promovido por José Antonio Cabral Salcedo e Isaías Ramos Guzmán, dirigidos contra normas emanadas del Senado de la República y la Cámara de Diputados.
También fueron conocidos el TC-01-2026-0039, presentado por el Observatorio Dominicano por la Integridad Pública y la Justicia (ODIPJ); y el TC-01-2026-0043, interpuesto por Puedo Unidad Electoral Dominicana, ambos relacionados con normas emanadas del Senado y la Cámara de Diputados.
A estos se suma el expediente TC-01-2026-0030, presentado por Yojanny Patricia Capellán Frías, Adriano Bocio Montero, Alejandrina de los Santos Contreras, Luis José Guichardo Rosa, Amada Mateo Marte, Wilmer Gil y Clariluz Bueno, contra actuaciones del Tribunal Superior Electoral y la Comisión de Justicia Electoral del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Código Penal concentra cinco acciones
En materia penal, el pleno conoció cinco acciones directas de inconstitucionalidad relacionadas con disposiciones del Código Penal y del Código Procesal Penal.
Entre ellas está el expediente TC-01-2026-0026, presentado por la Comunidad de Lesbianas Inclusivas Dominicanas (COLESDOM) y Rosalba Karina Díaz Crisóstomo, contra el artículo 173 de la Ley núm. 74-25, que instituye el Código Penal.
En este proceso participaron como intervinientes voluntarios organizaciones y personas interesadas en los aspectos constitucionales planteados, en un expediente relacionado con derechos y acceso a la justicia.
También fueron conocidos el TC-01-2026-0023, presentado por Guillermo Andrés Castillo Cueto contra el artículo 29 del Código Procesal Penal; el TC-01-2026-0040, interpuesto por Fernando Almonte Almonte; el TC-01-2026-0042, presentado por el Colegio Médico Dominicano (CMD); y el TC-01-2026-0044, promovido por Ricardo Augusto Ripoll García y Eduardo Daniel Sánchez Tolentino, todos dirigidos contra distintas disposiciones de la legislación penal.
Residuos sólidos y medioambiente
La gestión de residuos sólidos fue otro de los temas abordados por los magistrados, con dos acciones contra disposiciones de la Ley núm. 225-20, General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos.
Se trata de los expedientes TC-01-2026-0001, presentado por VENTANET, S.R.L., y TC-01-2026-0002, interpuesto por varias organizaciones empresariales, entre ellas la Confederación Dominicana de Pequeña y Mediana Empresa (CODOPYME), la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera (ANEI) y la Asociación Nacional de Mujeres Empresarias, Ejecutivas y Profesionales (ANMEPRO).
En materia ambiental, el TC conoció además el expediente TC-01-2025-0056, presentado por la Asociación para la Protección del Medio Ambiente y del Turismo en la Zona de Cabarete y Sosúa (ASOPROCASO) y Ricardo Augusto Ripoll García, contra la Resolución 11-19 de la Junta de Vocales del Distrito Municipal de Cabarete y el Acta de Sesión Extraordinaria 10-23.
Lavado de activos, drogas y salud
El lavado de activos también formó parte de los asuntos sometidos al pleno. En este ámbito fue conocido el expediente TC-01-2026-0037, presentado por Ramón David Hernández, contra el artículo 23 de la Ley núm. 155-17, sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y el artículo 45 de la Ley núm. 340-22, que regula el proceso de extinción de dominio de bienes ilícitos.
Asimismo, los magistrados analizaron el expediente TC-01-2026-0027, interpuesto por Affe Gutiérrez Gil contra distintas disposiciones legales relacionadas con drogas y sustancias controladas.
En materia sanitaria, fue conocido el TC-01-2026-0036, presentado por la empresa farmacéutica Farma Value RD, S.R.L., contra el artículo 103 de la Ley núm. 42-01, General de Salud.
Otros expedientes
La agenda también incluyó asuntos relacionados con el derecho laboral, el registro inmobiliario, la facturación electrónica, el desarrollo económico y las licencias de conducir.
En materia laboral, el expediente TC-01-2026-0031 fue presentado por Martín Hidalgo Rodríguez contra el artículo 200 del Código de Trabajo.
Sobre registro inmobiliario, el Tribunal conoció el TC-01-2026-0032, interpuesto por Manuel de Jesús Almonte Polanco, Alfry Antonio Gómez Rosado, Roberts Emmanuel Peña Vargas y Newton Francisco Brito Núñez contra el artículo 2 de la Ley núm. 108-05.
Mientras que el expediente TC-01-2026-0033, presentado por Ruddys Antonio Mejía Tineo, está relacionado con disposiciones sobre facturación electrónica.
La agenda incluyó además los expedientes TC-01-2026-0041, introducido por Emprendedores Unidos por el Desarrollo y la Libertad (EMUDELI); TC-01-2026-0025, presentado por Hanly Darico Terrero Ramírez; y TC-01-2026-0028, interpuesto por Martina de los Santos, vinculados con asuntos relacionados con el crecimiento económico y las licencias de conducir.
¿Qué es una acción directa de inconstitucionalidad?
La acción directa de inconstitucionalidad es un mecanismo mediante el cual se puede cuestionar ante el Tribunal Constitucional la conformidad de determinadas normas y disposiciones con la Constitución.
Esta atribución está establecida en el artículo 185, numeral 1, de la Constitución dominicana y desarrollada por los artículos 38 al 50 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.
Durante las audiencias públicas, los accionantes, las autoridades de las que emanan las normas cuestionadas y los intervinientes presentan sus argumentos ante los jueces constitucionales, quienes posteriormente deben deliberar y decidir sobre cada expediente.
Con los 23 casos conocidos este miércoles, la agenda del TC volvió a reunir asuntos de distintas áreas de la vida nacional, desde la legislación penal y electoral hasta derechos fundamentales, medioambiente, salud, actividad empresarial y regulación estatal.
