SANTO DOMINGO. El coordinador del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), Fernando P. Henríquez, destacó los avances alcanzados por la República Dominicana en la lucha contra la corrupción y aseguró que las estrategias implementadas por el país se han convertido en un referente para otras naciones interesadas en fortalecer sus mecanismos de recuperación de activos.
Henríquez explicó que la creación del ERPP como política pública representa un paso importante en el combate contra la corrupción, ya que permite perseguir no solo las sanciones penales, sino también la recuperación de los bienes obtenidos de manera ilícita y la aplicación de responsabilidades civiles e indemnizaciones.
“Cuando se instaura como política pública, se toca el aspecto más sensible y el que más motiva los actos de corrupción: el enriquecimiento”, resaltó Henríquez durante el Foro de Contrataciones Públicas 2026.
Durante el panel “Rol de los organismos de control en la prevención de la corrupción”, en el que participaron el contralor general de la República, Geraldo Espinosa, y el director financiero de la Unidad Antifraude de la Contraloría, Henríquez destacó la importancia de la cooperación entre las instituciones para fortalecer la transparencia y combatir la impunidad.
Asimismo, señaló que la experiencia de la República Dominicana ha despertado interés en escenarios internacionales. Según explicó, junto a Carlos Pimentel, director de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, ha participado en diversos foros donde otros países se han interesado en conocer las estrategias desarrolladas en territorio dominicano.
Henríquez sostuvo que la recuperación del patrimonio público ataca directamente uno de los principales objetivos de los actos de corrupción: el beneficio económico obtenido de manera ilícita. En ese sentido, consideró fundamental que el Poder Judicial incorpore la recuperación de activos como complemento de las sanciones penales.
También reconoció que aún existen importantes desafíos para lograr una recuperación más efectiva de los recursos sustraídos del Estado. Entre ellos, destacó la necesidad de continuar fortaleciendo la articulación entre las instituciones y el marco jurídico.
Finalmente, Henríquez enfatizó la importancia de fortalecer la respuesta judicial frente a los actos de corrupción y garantizar sanciones proporcionales al daño causado al Estado y a la sociedad.
