La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó que, desde la entrada en vigencia de la Ley 47-25, ha suspendido de oficio 81 Registros de Proveedores del Estado (RPE) correspondientes a funcionarios electos y designados que se encuentran en funciones. Justicie
La institución explicó que la nueva legislación prohíbe que estos servidores públicos mantengan participación en empresas proveedoras del Estado mientras ocupen sus cargos, por lo que las suspensiones responden a una medida administrativa preventiva y no a una sanción.
La DGCP precisó que, entre 2020 y 2025, también suspendió 591 RPE bajo la anterior Ley 340-06 como parte de sus controles para preservar la transparencia en las contrataciones públicas.
