Mirna Ortiz afirmó que la acusación demostrará ante la Corte de Apelación que existen elementos suficientes para que los cinco imputados favorecidos con autos de no ha lugar enfrenten un juicio de fondo.
SANTO DOMINGO.– El Ministerio Público insistirá ante la Corte de Apelación del Distrito Nacional en que el exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo y el exministro Administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta sean enviados a juicio de fondo por su presunta vinculación con el entramado de corrupción administrativa investigado en el caso Calamar.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), aseguró que el órgano acusador está preparado para sustentar los recursos de apelación presentados contra los autos de no ha lugar que favorecieron a cinco de los imputados en la audiencia preliminar.
Además de Castillo y Peralta, la decisión benefició a Daniel Guerrero Mena, Rosa Arias y Marcial Reyes.
“Estamos listos aquí conociendo nuestros recursos y demostrando que todos deben ir a juicio”, expresó Ortiz al salir de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, donde se conoció el proceso.
La representante del Ministerio Público sostuvo que, a su juicio, no corresponde mantener decisiones distintas para imputados que enfrentan acusaciones sustentadas en elementos probatorios comunes.
“Las pruebas son pruebas del proceso y es ilógico establecer que, siendo todos acusados de lo mismo, con los mismos testigos y los mismos elementos documentales, había para algunos y no había para otros”, manifestó.
La próxima audiencia fue fijada para el 11 de enero de 2027, a las 9:00 de la mañana, por la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación, integrada por los jueces Ysis Muñiz, quien la preside, Luis Omar Jiménez y Teófilo Andújar.
El proceso Calamar
En mayo pasado, el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dispuso la apertura a juicio contra 35 de los 40 acusados en el caso Calamar, mientras emitió autos de no ha lugar a favor de Castillo, Peralta, Guerrero Mena, Arias y Reyes.
La investigación señala a los procesados de integrar una estructura que habría defraudado al Estado dominicano con más de RD$19,000 millones, mediante supuestos pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública, sobornos y otras operaciones ilícitas.
Según la acusación, el entramado también habría utilizado recursos para financiar la campaña electoral de 2020, desviado fondos destinados al pago de deudas de distintas instituciones públicas y establecido un esquema de sobornos relacionado con los juegos de azar.
El Ministerio Público presentó cargos por asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno, financiamiento ilícito de campaña y lavado de activos, entre otros delitos.
Para sustentar su acusación, depositó más de 1,278 medios de prueba. La investigación incluyó 40 allanamientos realizados el 18 de marzo de 2023 en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana.
Con los recursos de apelación, el órgano acusador busca que la Corte revise los autos de no ha lugar y disponga que los cinco imputados favorecidos con esas decisiones también enfrenten un juicio de fondo.






